Supongo que ese será el nombre del director de la recién promovida Oficina Europea de Lucha contra el Fraude Sanitario, formada por 21 países, estará en marcha en octubre de 2005. (Bueno, igual debe ser Sir Elliot, porque esta corriente viene de Londres).
Cada año dicen que se pierden hasta 100.000 millones por estafas que afectan a las empresas farmacéuticas, los profesionales sanitarios y la Administración. Lucha contra el fraude y la corrupción, pero ¿quien es el estafador? A menudo llaman al 061 usuarios reclamando ambulancias medicalizadas para servicios aparentemente urgencias vitales y que en realidad acaban siendo taxis de complacencia, hecho antisocial puesto que los recursos son limitados y, excepto en la tele, hay las ambulancias y personal sanitario que hay. Nadie quiere oír hablar del copago como herramienta de moderación del consumo, y en cambio todos sabemos que los ambulatorios son centros de día de tercera edad y que la media de productos por receta es 11, a menudo por petición del paciente. Por otra parte, que exista diferencias entre los precios de referencia de fármacos españoles y los del resto de Europa es, como mínimo, una diferencia de mercado impuesta a los laboratorios que permite movimientos poco claros de fármacos entre países de la UE, que benefician a los intermediarios. Por otra parte, los beneficios de la industria farmacéutica son exponenciales a la investigación o compra de licencias, y no quieren recortarlos ni por países pobres en pandemia. Las aseguradoras privadas de salud deben auditar muchos de los procedimientos que realizan los profesionales adscritos a ellas por no ajustarse a la realidad de la praxis en sentido estricto (reajuste técnico lo denominaba un amigo del COMB para justificarlo), cuando por otra parte reclaman subidas de honorarios por servicios a menudo subcontratados a terceros. Otra inequidad es la participación que acaba teniendo en formación la industria farmacéutica, que acaba haciéndose cargo de la partida de formación de la comunidad médica a cambio de una cierta capacidad de influencia sobre la prescripción, que en cambio paga la Administración con el dinero de todos de forma holgada. El sistema está como está, pero en mi modesta opinión, no creo que una comisión en Londres haga gran cosa, ni con los Intocables al frente del cotarro.
Cada año dicen que se pierden hasta 100.000 millones por estafas que afectan a las empresas farmacéuticas, los profesionales sanitarios y la Administración. Lucha contra el fraude y la corrupción, pero ¿quien es el estafador? A menudo llaman al 061 usuarios reclamando ambulancias medicalizadas para servicios aparentemente urgencias vitales y que en realidad acaban siendo taxis de complacencia, hecho antisocial puesto que los recursos son limitados y, excepto en la tele, hay las ambulancias y personal sanitario que hay. Nadie quiere oír hablar del copago como herramienta de moderación del consumo, y en cambio todos sabemos que los ambulatorios son centros de día de tercera edad y que la media de productos por receta es 11, a menudo por petición del paciente. Por otra parte, que exista diferencias entre los precios de referencia de fármacos españoles y los del resto de Europa es, como mínimo, una diferencia de mercado impuesta a los laboratorios que permite movimientos poco claros de fármacos entre países de la UE, que benefician a los intermediarios. Por otra parte, los beneficios de la industria farmacéutica son exponenciales a la investigación o compra de licencias, y no quieren recortarlos ni por países pobres en pandemia. Las aseguradoras privadas de salud deben auditar muchos de los procedimientos que realizan los profesionales adscritos a ellas por no ajustarse a la realidad de la praxis en sentido estricto (reajuste técnico lo denominaba un amigo del COMB para justificarlo), cuando por otra parte reclaman subidas de honorarios por servicios a menudo subcontratados a terceros. Otra inequidad es la participación que acaba teniendo en formación la industria farmacéutica, que acaba haciéndose cargo de la partida de formación de la comunidad médica a cambio de una cierta capacidad de influencia sobre la prescripción, que en cambio paga la Administración con el dinero de todos de forma holgada. El sistema está como está, pero en mi modesta opinión, no creo que una comisión en Londres haga gran cosa, ni con los Intocables al frente del cotarro.
Comentarios